Esta es la primera vez que se consigna la identidad y la trama de relaciones de los imputados por el Triple Crimen, según consta en distintas fuentes vinculadas a la investigación en sede judicial y otras consultadas por APE.
-Un amigo que tengo adentro me dijo que tengo intervenido el teléfono negro – le dijo Sergio “El Quemado” Rodríguez a un amigo, a menos de dos semanas de producida la masacre. Ese conocimiento parece haber llegado desde las entrañas de las TOE.
La semana pasada, la Sala I de la Cámara de Apelación Penal ratificó el procesamiento dictado contra “El Quemado” como coautor del triple crimen. Sin embargo es necesario decir que, en realidad, “El Quemado” es la cabeza visible de la banda de “Los Quemados”, con por lo menos dos kioskos de venta de drogas en la jurisdicción de la comisaría 19, de acuerdo a las investigaciones que se vienen haciendo desde hace un año no solamente desde el servicio público de justicia provincial.
Los seis imputados: Sergio Rodríguez; Daniel Delgado; Brian Sprio; Brian Romero; Mauricio Palavecino y un menor apodado “Jeta” ya eran activos integrantes de una banda que levantaba bunker en distintas zonas del sudeste y oeste rosarino con pleno conocimiento de diversos integrantes de la policía rosarina mientras el jefe era el ahora renunciante Hugo Tognoli.
Uno de ellos confiesa que fue a hablar con los integrantes de la 19 por el problema que están teniendo con otra banda, los de “Maradona”. El oficial le responde que se quede tranquilo, que solamente tienen que poner en caja a Palavecino.
-Conmigo no vas a renegar en el sentido de la plata…
-Yo voy a venir y te voy a dar lo que te tengo que poner todos los meses…lo único que quiero es que vos me dejés laburar tranquilo, me liberés la zona…
-Bueno. Quedate tranquilo. Me van otra vez cinco lucas, siete lucas acá…-pide el oficial, según narra el integrante de “Los Quemados”.
Entre esos contactos figuran distribuidores de drogas como “Aarón” u “Ojudo” que en la última semana de 2012 cayó con dos kilos de pasta base en la zona de San Martín y Circunvalación, una de las inmediaciones también transitadas por la banda de los productores de la masacre.
Aquellos diálogos que pudieron reconstruirse en sede judicial como también en otros lugares de la ciudad permiten pensar que a menos de dos semanas del triple crimen, la banda ganaba tiempo con su referente en zonas de sierras y, al mismo tiempo, seguía aceitando contactos al interior de la policía de Santa Fe, levantaba y desarmaba bunker o kioskos de venta de drogas y preparaba “arreglos” para el “aterrizaje” en los tribunales.
Un año después de la masacre ya se sabe que los asesinos formaban una organización dedicada al narcotráfico con fuerte protección policial y que diputaban territorios con armas y rodados también aportados por integrantes de distintas fuerzas de seguridad.
No se trató de un ajuste de cuentas, sino de una disputa territorial entre distintas bandas; tampoco hubo ausencia del estado, sino presencia corrupta del estado a través de sus corruptas fuerzas de seguridad y no es una cuestión del “submundo” del narcotráfico como dijo el muy buen juez, Juan Donnola, sino de una realidad cotidiana que sucede en los barrios de Rosario a la vista de todos aquellos que quieran ver, a los gritos de todos aquellos quieran oir.
El gran problema consiste en saber quién se hará cargo de todo esto. Porque por una cuestión de jurisdicción, la mayor parte de esta información irá a parar a los tribunales federales pero allí no parece existir una palpable voluntad de denunciar, enjuiciar y encarcelar a grandes distribuidores de drogas como tampoco de oficiales y comisarios de la policía provincial.
Pero como lo dijo el propio juez Donnola, la causa ha generado un gran clamor social, hijo directo de la movilización popular, la que continuará buscando verdadera justicia por Jere, Mono y Patom.
Fuentes: Entrevistas realizadas por el autor de esta crónica. La mayoría de los entrevistados prefirió el anonimato.
