Mientras
en los tribunales de la capital cordobesa investiga el cóctel contaminante que mató entre 2001 y 2003 a unos cien
vecinos en el barrio Ituzaingó Anexo, de La Docta, ese mismo
lugar es
urbanizado y se construyen viviendas. Madres de
la zona y la Fundación
para la Defensa
del Ambiente (Funam) reclamaron al municipio cordobés que haga “cumplir las ordenanzas para que no se
inicien obras antes de estar autorizadas y proteger la salud".
Tras un
recorrido por el barrio, Nayla
Azzinnari y madres de la zona, entre ellas Eulalia Ayllón y Juana Cristina
Fuentes, comprobaron que se están edificando casas y abren calles.
También remarcaron
que las obras en la zona mueven el suelo y la "dispersión de partículas
eventualmente contaminadas con residuos de plaguicidas, arsénico y cromo,
además: una de las casas que se edifica sobre un antiguo vertedero de basura, y
los residuos son visibles hasta donde llegan los cimientos".
Ambientalista
y madres del lugar reclaman la realización de estudios independientes
"para evaluar la extensión de la contaminación por plaguicidas, arsénico y
cromo, en la zona del loteo", y también la implementación de "medidas
preventivas para reducir su posible impacto sobre los nuevos pobladores".
Funam y 30 vecinos de Ituazaingó
son querellantes en la causa iniciada en 2002 por contaminación
producida por plaguicidas, metales pesados cromo el arsénico, cromo y plomo,
además de la acción de un transformador con residuos de PCBs ( bifenilos
policlorados, sustancia de alta toxicidad).
En el barrio del sureste de la ciudad, también
se registraron unos 200 enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras
enfermedades oncológicas y respiratorias.
La firma Tierras del Sur SA, es la encargada de la urbanización y venta de
lotes, Raúl Montenegro, biólogo y presidente de la Funam.
La causa, demorada entre los
pasillos judiciales del ámbito federal y provincial, ahora está a cargo del
fiscal Carlos Matheu. En ella se indica que entre los plaguicidas hallados en
sedimentos de los tanques de agua y suelo de las casas –analizados por el
Centro de Excelencias en Productos y Procesos Córdoba (Ceprocor) en 2003-
registraron la presencia de endosulfán, DDT y sus derivados. El ambientalista y
premio Nobel Alternativo 2004, apuntó a la falta de controles epidemiológicos a
las poblaciones expuestas a los agrotóxicos.
“Se debe cambiar el método de
clasificación de los plaguicidas. En Argentina, el sistema de producción
industrial se montó en base a un paquete tecnológico sobre una dosis letal 50.
Se protege a las personas de las dosis letales, pero no de dosis bajas que
provocan daños en embriones, fetos, lactantes y niños. La dosis letal es la
cantidad que puede matar a una persona, pero bajas dosis rompen el sistema
hormonal”, explicó el científico.
“La lucha debe también ser
con base y nivel técnico. Monsanto, Bayer están autorizados por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que permite los
plaguicidas y Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria
(Conabia), que autoriza los cultivos trasgénicos. Se debería ver los
expedientes que los habilita, quiénes los firman”.
