Investigadores y ambientalistas exigen severos estudios sobre los daños que provoca en los biosistemas el paso de los pesados rodados. La arrera goza de impunidad y avasallan derechos y soberanías.
El Colegio de Arqueólogos chileno acusó al Estado por "dejar caer ante una organización internacional al sistema institucional de protección ambiental y patrimonial".
