Sella indicó que entre los conflictivos temas denunciados por ciudadanos y sus organizaciones, la Defensoría trabaja por el control del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y la del Salí-Dulce, los reclamos para reclasificar los agrotóxicos, la aplicación de la ley nacional de bosques y la defensa de usuarios afectados por precarios servicios públicos, entre otros.
“Tenemos la función de defender los derechos humanos, que con sus nuevos paradigmas abarca desde los años 90 amplias concepciones sobre los derechos de la niñez, la mujer, migrantes y los ambientales, entre otros”.
Sobre la Defensoría, señaló: “En el artículo 86 de la Constitución se indica que la Defensoría es un órgano independiente, autónomo y el defensor es designado por el Congreso Nacional. Sólo por el tema presupuesto y por los informes anuales que elevamos, estamos en el ámbito del Congreso. La figura del ombudsman nació en el derecho sueco para evitar los abusos e ilegalidades cometidas por el Estado, en 1809. En Argentina se incorpora con la reforma constitucional de 1994. Funcionan Defensorías provinciales, pero la nacional actúa cuando las disfuncionalidades o abusos parten de organismos nacionales o sobre cuestiones ambientales, como la contaminación de ríos que cruzan provincias.
En lo referido a sus funciones, señala que “una actividad fundamental es la defensa de los derechos ambientales y que desde el artículo 41 de la Constitución se consagra el derecho a un ambiente y desarrollo sano. Hay que preservar el ambiente para las actuales y las futuras generaciones”.
También resalta que la otra función es “el control del ejercicio de la función administrativa del gobierno, para que no afecten a los derechos de los sujetos particulares”. Agrega que los bienes colectivos y los derechos al patrimonio cultural “tienen una dimensión económica y social. Intervenimos en la denuncia contra el magnate Lewis que impedía llegar al lago Escondido, rodeado por su estancia cerca de El Bolsón y por la compra ilegal de tierras en zonas de reservas o de protección de fronteras”.
Legitimidad procesal.- Para cumplir con su función, resalta “la Defensoría tiene “legitimación procesal. La Constitución la habilita para iniciar acciones judiciales para que sea reparado el daño”.
Por la variedad de casos en que interviene, Sella cuenta que se trabaja en áreas: “La de derechos humanos, que implican los temas sombre pasaporte, discriminación, violencia de género, maltrato, condiciones de detención en prisiones y derechos a la identidad de bebés dados por sus padres”.
“Otra área es la de salud, educación y patrimonio cultural. Abarca conflictos sobre prestación de las obras sociales, hospitales, el Pami y las prepagas. También se incluyen problemas con la entrega de títulos y conflictos relacionados al patrimonio cultural, como en el caso de la playa subterránea que se planifica instalar bajo la plaza San Martín, en Rosario”, ejemplifica.
Sobre la cuestión ambiental, menciona a la contaminación biológica denunciado por el Instituto de Derecho Ambiental, de Rosario. “También investigamos la contaminación ambiental provocada por la mina La Alumbrera, el impacto de la explotación hidrocarburífera, las instalaciones de fábricas e impulsamos que se evite el uso de agrotóxicos, ya que está probado que producen discapacidades”.
Otro espacio es el destinado a “los usuarios y los servicios públicos, las tarifas de servicios como la electricidad y el gas, los problemas con celulares y la existencia de pueblos donde no llega el teléfono y el seguimiento de las concesiones de transportes y sus cumplimientos”, explica el Defensor.
“También nos requiere mucho esfuerzo es la cuestión delos pueblos originarios. Viajamos a Salta, Formoza, Chaco, hacemos informes para gobiernos, iniciamos juicios y hallamos una demora excesiva en el relevamiento de tierras de comunidades que debe concretarse”.
“La temática previsional, las jubilación, pensiones y demoras también nos atañen. Además funciona la oficina de temas legales, comunicaciones y registros”, sostiene Sella. “Para sostener la amplia actividad se realizan convenios con universidades, organizaciones sociales, institutos y promovemos la participación social en estos problemas”.
En todo el país, la Defensoría cuenta con 230 personas, de los cuales 190 trabajan en Buenos Aires. “Entre el personal, hay biólogos, ingenieros, abogados, ambientalistas, médicos, asistentes sociales y especialistas en información. Pero,para sostener la amplia actividad, también se realizan convenios con universidades, organizaciones sociales, institutos y promovemos la participación de la comunidad para enfrentar los conflictos”, sostiene Sella.
