“En Ituzainó actuó un cóctel de contaminantes que combinaron sustancias químicas riesgosas y energías residuales con actos irresponsables por parte de funcionarios provinciales y productores agrícolas”, indicó el biólogo Raúl Montenegro, aceptado como querellante particular en el caso. Carlos Nayi, abogado del Funam será el patrocinante en la causa iniciada por la denuncia de la entidad en 2002
El científico preside la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), quien junto a un grupo de madres de Ituzaingó inició la denuncia ante la contaminación producida por plaguicidas, metales pesados cromo el arsénico, cromo y plomo, además de la acción de un transformador con residuos de PCBs ( bifenilos policlorados, sustancia de alta toxicidad).
En el barrio del sureste de la ciudad, también se registaron unos 200 enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
La Funam (con status consultivo en el Consejo Económico y Social de la ONU), accionó judicialmente contra funcionarios públicos, entre ellos a autoridades de la Empresa Provincial de Energía (Epec) de Córdoba, y a particulares de la firma que realizaron fumigaciones y a los propietarios que contrataron sus servicios.
La causa, demorada entre los pasillos judiciales del ámbito federal y provincial, ahora está a cargo del fiscal Carlos Matheu. En ella se indica que entre los plaguicidas hallados en sedimentos de los tanques de agua y suelo de las casas –analizados por el Centro de Excelencias en Productos y Procesos Córdoba (Ceprocor) en 2003- registraron la presencia de endosulfán, DDT y sus derivados. El ambientalista y premio Nobel Alternativo 2004, apuntó a la falta de controles epidemiológicos a las poblaciones expuestas a los agrotóxicos.
“Se debe cambiar el método de clasificación de los plaguicidas. En Argentina, el sistema de producción industrial se montó en base a un paquete tecnológico sobre una dosis letal 50. Se protege a las personas de las dosis letales, pero no de dosis bajas que provocan daños en embriones, fetos, lactantes y niños. La dosis letal es la cantidad que puede matar a una persona, pero bajas dosis rompen el sistema hormonal”, explicó el científico.
“La gente _agregó_ no se muere inmediatamente por contacto con plaguicidas, pero los efectos tampoco son necesariamente de largo plazo y las pequeñas dosis también tienen incidencia en el corto plazo. La irrupción endócrina, uno de los efectos de los plaguicidas clorados, o la reducción de resistencia a enfermedades, no se hacen esperar”.
Además, resaltó que “al no haber estudios de epidemiología, la gente enferma y muere sin ser registrados que fue por culpa de la aplicación de plaguicidas a los supuestos niveles legales. Al no computar enfermos no se computa tampoco la contaminación que producen las pequeñas dosis de contaminación que produce el plaguicida que llega al suelo, viviendas, tanques de agua y personas”.
“La lucha debe también ser con base y nivel técnico. Monsanto, Bayer están autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que permite los plaguicidas y Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), que autoriza los cultivos trasgénicos. Se debería ver los expedientes que los habilita, quiénes los firman”.
El biólogo también remarca que “las universidades nacionales deben resolver sobre la utilización o no de determinados plaguicidas. También resaltó que “es absolutamente irracional que las decisiones sobre uso de plaguicidas las tomen los ingenieros agrónomos.
Recordó que en un debate con miembros del Consejo de Ingenieros Agrónomos de Córdoba “fue lastimoso darse cuenta de que no conocían las tres principales vías de irrupción endócrina”.
El registro de la verdulera
“En 2002, en una verdulería del barrio, un vecina contó sobre un caso de leucemia. La vendedora había escuchado otros casos y al comentarlo se comenzaron a dar cuenta lo que estaba pasando. Buscaron al Funam y organizamos reuniones públicas”, relata El biólogo sobre el inicio de la organización de la gente de Ituzaingó.
“La herramienta de lucha fue el agruparse, informar, recabar datos y llegar a lograr que la provincia tomara muestras y midiera la contaminación y la radiación ionizante. Entonces era un barrio olvidado y con calles de tierra, pero se tomaron muestras en patios de las casas, agua de tanques y en los campos”.
“Así supimos que había en el lugar unos 200 tanques de agua sin tapa. En todos había sedimentos. Luego, nos enteramos que los valores que hay de arsénico en esos tanques es monstruoso, también tenían restos de plomo y plaguicidas. A la vez insistimos para que registraran en transformadores, era junio de 2002 cuando denunciamos a la Epec por llevarse un transformador del barrio que el propio gobierno indicó que estaba contaminado con 281 partes por millón de PCB, cuando la norma impide utilizarlos en la calle si tienen más de 50 partes por millón de PCB”, señaló.
Con las causas judiciales y la lucha de las madres se consiguió el acceso a agua de red y no de pozo, sacaron el PCB de los transformadores y sancionaron una ordenanza y una ley para restringir las fumigaciones cerca de zonas pobladas.
“Esperamos que en junio se inicie el procesamiento de un aeroaplicador que fumigaba y de dos representantes del campo en cuestión. Es un juicio contra privados, pero desde la Funam auspiciamos otra causa que involucra a funcionarios públicos que deben ser responsables de los controles necesarios. Además -sostiene Montenegro- “debe habilitarse un procedimiento abierto y participativo de evaluación que reemplace al actual sistema, parcial y cerrado, la salud de las personas y la resistencia ambiental de los ecosistemas es más importante que la codicia”.
El Ampa
En un debate abierto en medios de prensa cordobeses, Julio Echenique el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, acusaba al biólogo de “mentir” sobre los riesgos del glifosato, plaguicida que al tocar la tierra se vuelve inocuo y biodegradable”. El científico sostuvo que esa expresión es “previsibles en personas sin formación técnica y que no actualizan sus conocimientos”. Remarcó que un informe de la Universidad Nacional del Litoral indicó que el glifosato “no es tan inocuo ni se degrada tan rápidamente”.
Además, remarcó que parte del glifosato presente en suelo suele transformarse en otra sustancia, el Ampa, mucho más tóxica y persistente. Desde los 90 se conoce que se mantiene activo hasta más de dos años”.
Y agrega: “El suelo desnudo sin roturar usado para siembra directa al no tener vegetación, el viento lo erosiona y levanta y transporta partículas finas que pueden contener glifosato, ampa, endosulfán y también plaguicidas antiguos”, indicó
“El gran problema es el conjunto de plaguicidas, alteran el sistema hormonal. Son recibidas en pequeñas dosis, irruptores endocrinos, alteran el sistema hormonal, y hace, por ejemplo andres carrasco, detectan investigadores es que las pequeñas dosis en animales de laboratorio producen alteracines en el desarrollo.
Intoxicaciones crónicas
“Tenemos en claro que los tumores causan la muerte del 22 por ciento de los vecinos, cuando la tasa más alta, según estudios de la Nación, es por paros cardíacos”, resalta Magdalena Olivera, pediatra de Marcos Juárez y miembro de la organización Paren de Fumigar.
La entidad apoya e impulsa el Proyecto de Ley Nacional para prohibir fumigaciones aéreas. En la presentación se indica que “la media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100 mil niños, los datos oficiales de Chaco muestran que el registro trepa a 20,2 en La Leonesa, pueblo sistemáticamente fumigado en forma aérea con glifosato y otros plaguicidas”.
Magdalena remarca que “se trata de concientizar sobre las fumigaciones, nuestras provincias son las más castigadas y con el avance de los cultivos se llega a las orillas de los pueblos. Producen intoxicaciones crónicas, no agudas, se producen a largo plazo. Son congénitas y pueden provocar malformaciones”, indica la médica.
“No pedimos _agrega_ que se deje de fumigar, pero debe controlarse, hay venenos que modifican la salud del hombre y a la biodiversidad. Pero, las empresas y sectores productores poderosos que los comercializan y utilizan dicen que son inofensivos”. Son grupos de poder y recién ahora la universidad empieza a intervenir en el tema y Córdoba tiene una ley de agroquímicos que no se respeta, algunos agrónomos no la conocen o no hacen caso. Debe existir un poder de policía que controle”.
En tanto, Sofía Gatica es parte de un grupo de madres de Ituzaingó que viajó a San Francisco (Estados Unidos) donde el lunes 16 recibieron el premio Golman. El reconocimiento, que otorga 150 mil dólares para cada ganador, uno de cada continente, distingue a la labor en defensa del ambiente.
Sofía fue madre en 1999, a los tres días de nacer su bebé sufrió complicaciones en los riños y falleció. Tras las sospechas que los pesticidas la habían afectado y ver que en el barrio existían muchos casos de cáncer, se juntó con otras madres para hacer relevamientos y elevarlos a las autoridades.
En tanto, María Godoy vive a cinco cuadras de los campos de soja y relata que a fines de 2001, con la aparición de las asambleas ciudadanas se enteró de las acusaciones a los agrotóxicos usados en el cultivo de soja
María, quien trabaja cuidando tres niños, ha participado en jornadas y encuentros sobre el tema. “En 2004, hablamos con el entonces gobernador Binner y luego en 2007, con Mónica Feín. Decían que conocían los estudios realizados con niños y la situación provocada sobre la presencia de agroquímicos, pero ambos admitían que ellos no podían hacer mucho”, remarca.
