Seis
años después de ser condenado a cadena perpetua por el homicidio de Darío Santillán y Maxí Kosteki, el ex comisario Alfredo
Fanchiotti no tiene sentencia firme, por lo cual se habilitó que el ex policía sea trasladado
Unidad Penal Nº 11 de Baradero, una cárcel con régimen abierto, con
posibles salidas transitorias y una futura
liberación. Fuente: Frente Popular Darío Santillán
(FPDS) Premian al masacrador del Puente Pueyrredón
El
ex comisario Franchiotti trasladado a un penal de régimen abierto, mientras la
causa que investiga a los responsables políticos fue archivada.
Desde
el pasado jueves 14 de junio, el ex comisario Alfredo Franchiotti goza de un
régimen carcelario abierto y de reinserción social, destinado a presos que estén
cumpliendo la última etapa de su condena y que hayan demostrado buena conducta.
Franchiotti, condenado a cadena perpetua, es el ejecutor de los asesinatos de
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la Masacre del Puente Pueyrredón,
ejecutada el 26 de junio de 2002, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde organizó
una represión fulminante contra el movimiento piquetero que reclamaba por sus
derechos. El ex comisario fue premiado, a una semana del décimo aniversario de
la represión que costó dos vidas y provocó centares de heridos, con el traslado
a la Unidad Penal Nº 11 de Baradero, una cárcel de régimen abierto, última etapa
que gozan ciertos reclusos antes de regresar a la libertad. El beneficio fue
otorgado por el Tribunal Nº 7 de Lomas de Zamora. A la vez, el juez Ariel Lijo
archivó la causa que investiga las responsabilidades políticas de los
funcionarios del gobierno de aquella época. Dos señales que, conocidas en
vísperas del aniversario de la masacre, provocan dudas y malestar entre los
familiares y compañeros de las víctimas.
“Nosotros
habíamos pedido que se rindiera cuentas debido a las salidas que había tenido el
juez Franchiotti durante su reclusión en el penal de Olmos –cuenta Vanina
Kosteki, hermana de Maximiliano y querellante en las causas que investigan los
asesinatos–. Franchiotti había salido de la cárcel para ser llevado a un asado
en la casa del juez Rolando Lima, preso por irregularidades en su gestión. Los
carceleros decidieron que Franchiotti acompañe a Lima en su salida, que sí había
sido autorizada por la justicia. Lo justificaron diciendo que el ex comisario
estaba deprimido”. Por esa salida inautorizada, el personal de vigilancia que
decidió el premio para Franchiotti fue deslindado de sus tareas y se inició una
causa para investigar el incidente. “El pedido de informes que hicimos no
fructificaba –continúa Kosteki–, pero la semana pasada me informaron que
Franchiotti iba a ser trasladado a Baradero esta semana, que tiene un régimen
abierto. Sin embargo, aceleraron esas fechas y fue trasladado el jueves por la
noche para que nadie se enterara de ese premio”.
“Su
traslado fue realizado entre gallos y medianoche y en el mayor sigilo porque
saben que es una medida que apunta a su libertad –señala Claudia Ferrero,
abogada de la familia Kosteki–. Es un régimen abierto: es la última etapa antes
de que un preso recupere su libertad. Se les da permisos de doce horas de tal
modo que sólo deben pernoctar en el penal. El objetivo es reintegrar a los
reclusos a la sociedad. Pero no se puede hacer eso con Franchiotti, condenado a
cadena perpetua y cuando no ha pasado diez años de reclusión, a la vez que los
atravesó con muchas irregularidades. Es otorgarle una libertad anticipada al
asesino del Puente Pueyrredón”.
“La
medida abre la puerta a la impunidad a pocos días del 26 de junio, cuando se
cumplen diez años de los asesinatos de nuestros compañeros: se trata de una
provocación –reflexiona Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío
Santillán–. Es llamativo, además, que suceda al mismo tiempo que Darío Poblete,
el asesino de Carlos Fuentealba, fuera encontrado en libertad cuando debía estar
cumpliendo su condena. Todo esto se da en un contexto en el que la represión se
ejerce, como sucedió con las protestas antimegaminería, y cuando existe un
recrudecimiento de la judicialización de la protesta. Ese es el marco, además,
del cajoneo y el archivo de la causa contra los funcionarios responsables de la
masacre del Puente Pueyrredón. Nuestro movimiento se pronuncia enérgicamente
contra el beneficio otorgado a Franchiotti, que abre las puertas a la
impunidad”.
Desde
Jujuy, provincia adonde viajó para preparar los actos a diez años de la masacre
del Puente Pueyrredón, Alberto Santillán declaró desconocer la medida que
beneficiaba a Franchiotti. “Me entero por vos –dijo a este cronista–, te
imaginás la indignación que siento”.
“El
caso de Franchiotti y Acosta es emblemático –afirma Néstor Pitrola, dirigente
del Partido Obrero y líder piquetero en los tiempos de la masacre–. Su caso fue
cerrado desde el punto de vista de la cadena de mandos: sólo ellos dos, los que
aparecían en las fotos irrefutables de Clarín, fueron encarcelados. Y punto.
Encima, han tenido un tratamiento especial dentro de la cárcel. El kirchnerismo
jugó un papel de rescate de la policía bonaerense y de los responsables
políticos de la masacre. Si, tal como exigimos, hubieran abierto los archivos de
la SIDE, los responsables políticos de esa represión estarían todos presos, pero
el kirchnerismo se negó. La única iniciativa fue conformar una Comisión Mixta a
la que se invitó a familiares y organizaciones piqueteras. Nosotros, el Polo
Obrero, nos negamos desde un principio. Y al poco tiempo la comisión estalló, se
fueron los familiares y los movimientos. Pero no todos. Tal como hace con la
CTA, la CGT, la FUBA, el kirchnerismo usa el método de la cooptación y la
división. En la Comisión Mixta buscó cooptar. Y algo logró. Hoy Juan Cruz
Daffunchio, que era dirigente de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, es
concejal del kirchnerismo en Florencio Varela. La medida que traslada a
Franchiotti va en el sentido de frenar ahí la investigación y abrir las puertas
a la libertad del represor, además de sostener la impunidad de la primera línea
de mando”.
“En
la cárcel Franchiotti recibía visitas de policías para ser formados en
inteligencia y ser instruidos sobre cómo actuar en movilizaciones y piquetes
–explica Vanina Kosteki–. Esa persona no puede acogerse a un régimen abierto y a
la posibilidad de ser liberado. Por otro, nos llegó la notificación de que el
juez Lijo archivó la causa que investiga a los funcionarios. El supuesto
gobierno de los derechos humanos avanza hacia que los que luchamos no tengamos
justicia. Seguimos levantando los mismos reclamos que hace diez años. No sólo
tienen que estar en un régimen carcelario cerrado Franchiotti y Acosta, sino que
los tienen que acompañar los ideólogos de la masacre: Eduardo Duhalde, Felipe
Solá, Aníbal Fernández, Alfredo Atanasoff, Juan José Álvarez, Carlos Ruckauf,
Luis Genoud y Jorge Matzkin, entre otros”.
El
martes 26 se cumple una década de los asesinatos ocurridos en el Puente
Pueyrredón. La decisión del juez Lijo de archivar la causa que investiga a los
responsables políticos y el traslado de Franchiotti a Baradero (un premio)
plantean coordinadas que deberán ser analizadas por las organizaciones políticas
y los familiares de las víctimas, quienes siguen exigiendo
justicia.
